Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a resolución del Consejo de Ministros desestimatoria de las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relación con la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala concluye que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no es una presunción de antijuricidad absoluta de los daños derivados de sus actos de aplicación, ya que puede ser desvirtuada en supuestos en los que no se acredite que la sujeción a tributación de una realidad patrimonial vulnere el principio de capacidad económica. La vulneración del principio de capacidad económica es la ratio decidendi tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017 , como de la declarada en la STC 182/2021 , circunstancia que resulta relevante a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable económicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada. Por lo tanto, no se puede afirmar que de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada en la STC 182/2021, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha, sino que será necesario en todo caso probar la minusvalia.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: Se desestima el recurso y con ello,la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por los daños ocasionados como consecuencia de la defectuosa asistencia sanitaria recibida por el recurrente por parte del servicio de urgencias. Se concreta la demanda en la existencia de un error en el diagnóstico de la patología que presentaba el paciente y una falta de puesta a su disposición de los medios oportunos, ser visto por un oftalmólogo y haber realizado un TAC y una resonancia que hubiesen dado con la existencia de un cuerpo extraño en el ojo, que debería haberse eliminado, y con ello haberse curado sin precisar de una evisceración ya que no se hubiera producido una infección hemorragia ocular con perforación escleral espontánea. Se desestima el recurso interpuesto a partir de la valoración de la prueba practicada concluyéndose, de los informes periciales obrantes en el expediente administrativo que la asistencia sanitaria prestada fue conforme a la lex artis teniendo en cuenta la versión inicial de los hechos ofrecida por el recurrente y siendo el mecanismo de la producción del accidente narrado por el paciente determinante a la hora de establecer el diagnóstico inicial, sin que en ningún caso, de la versión ofrecida se pudiera sospechar de la presencia de un cuerpo extraño intraocular sino en una contusión ocular, y cambiando la versión posteriormente lo que hizo pensar en una perforación ocular. Estando condicionado el diagnóstico por la versión de los hechos.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a resolución del Consejo de Ministros desestimatoria de las solicitudes de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador, en relación con la declaración de inconstitucionalidad de determinados preceptos del TRLHL que regulan el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala concluye que la declaración de inconstitucionalidad de una norma no es una presunción de antijuricidad absoluta de los daños derivados de sus actos de aplicación, ya que puede ser desvirtuada en supuestos en los que no se acredite que la sujeción a tributación de una realidad patrimonial vulnere el principio de capacidad económica. La vulneración del principio de capacidad económica es la ratio decidendi tanto de la inconstitucionalidad declarada en la STC 59/2017 , como de la declarada en la STC 182/2021 , circunstancia que resulta relevante a la hora de determinar la existencia de la antijuricidad derivada de la declaración de inconstitucionalidad y de un daño efectivo y cuantificable económicamente, presupuestos imprescindibles para que la responsabilidad patrimonial pueda ser apreciada. Por lo tanto, no se puede afirmar que de la nulidad de los preceptos contrarios a la Constitución, declarada en la STC 182/2021, emerja imperativamente un daño antijurídico que pueda ser cuantificado por equivalencia a la cantidad satisfecha, sino que será necesario en todo caso probar la minusvalia.
Resumen: Responsabilidad patrimonial por funcionamiento de los servicios públicos. Dominio publico marítimo terrestre. Fallecimiento de persona de 77 años de edad, cuando al tratar de acceder a una pequeña embarcación fondeada desde el amarre sito en el embarcadero de Santa Lucía (Mugardos, Coruña) perdió el equilibrio y resbaló, golpeándose en la cabeza contra las rocas del muelle, cayendo al mar semiiconsciente y falleciendo por ahogamiento. La Sala recoge doctrina y jurisprudencia sobre los requisitos de la responsabilidad de la administración. El amarre donde se produce el siniestro no estaba legalizado, simplemente aprovechado por particulares para fondear embarcaciones. Se resalta que el fallecido tenía problemas de movilidad y recomendación de no acudir a su embarcación. Ruptura del nexo causal.
Resumen: El Juzgado de lo Contencioso dictó sentencia sobre responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Tarancón como consecuencia de la demolición del edificio del recurrente que devino en ruinoso a causa de filtraciones que provocaron el derrumbe. La sentencia estimó parcialmente el recurso contencioso y condenó al Ayuntamiento y a MAPFRE a indemnizar a los demandantes, de modo solidario, rechazando la declaración de responsabilidad a cargo de la codemandada Dª Noemi. La sentencia confirma la declaración de ruina, pero declara que los gastos de la demolición y actuaciones ulteriores no son a cargo del propietario, sino a cargo del Ayuntamiento, por no haber cuidado de las aguas de filtración y de la canalización de las aguas subterráneas, que provocaron el derrumbe. La Sala confirma el nexo causal imputable al Ayuntamiento. La Sala considera que la decisión de demolición fue correcta, pues había una implicación estructural entre los edificios, que procede de la conexión causal parcial con el servicio de alcantarillado -sea su funcionamiento normal o anormal- y con el servicio de canalización de aguas pluviales fijando esa responsabilidad en un 50 % del daño causado, considerando achacable a fuerza mayor el otro 50 %. La apaelación busca reducir o aumentar las indemnnizaciones concedidas. Pero solo se acepta el recurso de la propiedad por aceptarse el número de m2 de la Tasación hipotecaria en vez del catastro y de la escritura.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
Resumen: La Sala desestima el recurso interpuesto frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada por el recurrente por los daños derivados de las medidas de contención adoptadas tras la declaración del primer estado de alarma durante la pandemia COVID-19. La Sala concluye, sobre la base de sendos pronunciamientos del TC, que las medidas restrictivas que tuvo que soportar la parte actora, de las que deduce los daños patrimoniales sufridos, fueron constitucionales y proporcionadas a la situación existente. De igual forma estima que tales medidas estuvieron dotadas del suficiente grado de generalidad como para afirmar que los menoscabos sufridos deban encuadrarse en la categoría de carga colectiva. Por último, la Sala rechaza que, sobre la base del artículo 3.2 de la L.O. 4/1981, de 1 de junio, existiese un régimen de responsabilidad patrimonial diferente del recogido en la Ley 40/2015 y del que no resultase de aplicación, en los estados de alarma, excepción y sitio, la exoneración de la responsabilidad por concurrencia de fuerza mayor.
